(Foto tomada de Twitter: Mongabay / UZACHI).

Por: Pablo Hernández Mares y Thelma Gómez Durán / Mongabay

Como si se tratara de un álbum de fotos familiares, el poblado de Santiago Comaltepec atesora las imágenes de las cabañas para ecoturismo que construyeron con el dinero que el gobierno les entregó por cuidar su bosque. Esta comunidad del estado de Oaxaca, al sur de México, fue una de las primeras en el país en recibir recursos del programa federal de pago por servicios ambientales.

Hace 17 años, en 2003, el gobierno mexicano puso en marcha el pago por servicios ambientales, programa que se creó siguiendo el ejemplo de otros países, como Costa Rica, y que tiene entre sus objetivos frenar el deteriorio ambiental y proteger los ecosistemas naturales prioritarios al asignarles un valor económico.

A lo largo de su historia, el pago por servicios ambientales se ha llamado de diversas formas, ha recibido elogios, distinciones y recomendaciones. Hoy, este programa federal a cargo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se empieza a desdibujar, por lo menos en los números.

Hasta junio de 2020 solo 29 proyectos presentados por comunidades han sido seleccionados para recibir el pago por servicios ambientales, de acuerdo con datos públicos disponibles en la página de Conafor. Este número contrasta con los 489 proyectos que se aprobaron en 2019.

Lee también: Comunidades forestales luchan por conseguir “justicia fiscal”

Los recursos que Conafor destina al pago por servicios ambientales también han ido a la baja. De acuerdo con información de la dependencia, 2016 ha sido el año en que más dinero se destinó a este programa federal: 1,421 millones de pesos (63 millones de dólares); en 2019, la cifra fue de poco más de 1,020 millones de pesos (45 millones de dólares); pero para 2020 solo se cuenta con 188,518,361 pesos (poco más de 8 millones de dólares).

Un incentivo que evoluciona y se desinfla

En noviembre de 2019, el director general de la Conafor, León Jorge Castaños, celebraba que el programa de pago por servicios ambientales cumplía 16 años. Además, resaltaba que contribuía a conservar la biodiversidad de México.

Para ese entonces, la dependencia informaba que un total de 2.3 millones de hectáreas en el país conservaban sus recursos naturales gracias a este esquema.

“Los pagos por servicios ambientales fueron diseñados como incentivos dirigidos a los propietarios de los bosques para mejorar la calidad de los recursos naturales”, explica Armonía Borrego, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Morelia, Michoacán.

Salvador Anta Fonseca, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y responsable del área forestal de la organización Política y Legislación Ambiental (POLEA), explica que en sus comienzos el programa se enfocó, sobre todo, a comunidades en extrema pobreza e indígenas que tuvieran bosques. Así como zonas en donde existiera un alto riesgo de deforestación.

Lee más: México en el ‘top ten’ de bosques primarios más deforestados en 2019

Las comunidades interesadas en recibir el pago de servicios ambientales presentan un proyecto, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria que se publica cada año. En caso de ser seleccionados, se les otorga un apoyo económico fijo durante cinco años.

A partir del 2007, el presupuesto destinado al Programa de Pago por Servicios ambientales se incrementó cinco veces, de acuerdo con los propios datos de la Conafor citados en el documento Servicios Ambientales y Cambio Climático, publicado por la dependencia en 2011.

Tan solo entre 2003 y 2010, se resalta en ese documento, se asignaron 5,289 millones de pesos (237 millones de dólares) para 4,646 proyectos de conservación, en una superficie de 2,767,000 hectáreas.

Con los años, este programa federal evolucionó. En 2008, por ejemplo, se crearon los mecanismos locales de Pago por Servicios Ambientales, a través de Fondos Concurrentes, un modelo “mucho más interesante”, considera Lucía Madrid, integrante del CCMSS. Y es que en este esquema, la Conafor realiza un convenio con otra entidad —pública o privada—, en el que ambas partes aportan recursos.

En 2018, para esta modalidad de Fondos Concurrentes se aprobaron 28 proyectos. Para 2019 y 2020, esta cifra fue de 44 proyectos en cada uno de esos años, de acuerdo con los datos públicos de Conafor.

Un “chaleco” cada vez más frágil

La investigadora de la UNAM, Armonía Borrego, advierte que la efectividad de esta estrategia es muy difícil de medir, ya que en las comunidades y en ejidos forestales existen otros programas gubernamentales, lo cual hace complicado realizar mediciones para poder afirmar “este cambio o esta mejoría se debe al pago por servicios ambientales”.

Aun así, hay especialistas y artículos científicos que señalan que este programa sí permite conservar ecosistemas. Por ejemplo, el estudio titulado Payments for ecosystem services in Mexico reduce forest fragmentación, publicado en la revista Ecological Applications, en mayo de 2018, afirma que los pagos por servicios ecosistémicos en México reducen la fragmentación forestal, un fenómeno que “conduce a la reducción del hábitat y la exposición a perturbaciones”.

Lucía Madrid, integrante del CCMSS, apunta que “el pago de servicios ambientales no es un chaleco antibalas (contra la deforestación), debe ser un mecanismo complementario a otros esfuerzos”.

Lee más: Indígenas en México: ¿cómo enfrentar una epidemia?

El problema es que este programa federal —que hasta hace unos meses la actual administración de la Conafor presumía como efectivo para conservar la biodiversidad— ahora va a la baja.

El 28 de abril se publicaron los resultados de la convocatoria para recibir el pago por servicios ambientales en 2020. De los poco más de 1,520 proyectos que se recibieron, solo fueron seleccionados 29 ubicados en cuatro estados del país: Chihuahua, Nuevo León, Chiapas y Campeche.

Esos 29 proyectos contemplan un total de 26,437 hectáreas, para las cuales se destinarán 54,875,856 pesos (2.4 millones de dólares), repartidos durante los próximos cinco años, de acuerdo con la información pública de Conafor.

A esa cantidad hay que sumar los 133,642,505 pesos (cerca de 6 millones de dólares) que el gobierno federal destinará durante cinco años para los 44 proyectos de fondos concurrentes aprobados en este 2020.

Estas cantidades palidecen si se comparan con los poco más de 28 mil millones de pesos (poco más de 1,200 millones de dólares) del presupuesto que en 2020 se destinó a Sembrando Vida, uno de los programas consentidos de la actual administración federal que está a cargo de la Secretaría del Bienestar y el cual consiste en otorgar un apoyo mensual a quienes realicen plantaciones de árboles frutales y maderables.

Lee también: Nicaragua y la Covid-19: temen saqueo masivo de huevos de tortugas ante disminución de vigilancia en playas

“Existe un desequilibrio en los presupuestos: se disminuyen recursos para programas como el de pago por servicios ambientales y se concentra buena parte del recurso federal en un solo programa: Sembrando vida”, resalta Salvador Anta, miembro del CCMSS y de POLEA.

Salvador Anta explica que para las comunidades que hacen aprovechamiento forestal —que venden la madera que producen en forma sostenible en sus bosques—, el pago por servicios ambientales es un complemento a los ingresos que tienen: “Ayuda, sobre todo, a las comunidades que tienen una superficie pequeña destinada al aprovechamiento maderable. Esos recursos son un complemento para realizar monitoreo biológico de especies, saneamiento de bosque, fortalecer sus brigadas contra incendios y vigilancia”.

Sin embargo, para las comunidades que no realizan aprovechamiento forestal, el pago por servicios ambientales es “aún más importante. Sin este recurso, esas comunidades se quedan sin incentivos económicos para conservar los bosques”.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con los funcionarios de Conafor sobre el programa de pago por servicios ambientales. La dependencia federal respondió a las preguntas enviadas por email.

Conafor señaló que si bien hasta ahora solo se han aprobado 29 proyectos (correspondientes al concepto SA.1 Pago por Servicios Ambientales), “aún falta asignar 300 millones de pesos que derivan de la Ley Federal de Derechos, lo cual incrementará el número de (proyectos) asignados”.

Sobre por qué se ha reducido el presupuesto a este programa, la Conafor respondió: “El presupuesto no lo define la propia Conafor, por lo tanto se trabaja con lo que se aprueba cada año. Sin embargo, se ha trabajado en desarrollar mecanismos para generar ingresos propios y aportaciones de terceros, gracias a la existencia del Fondo Forestal Mexicano… Si bien sería bueno un aumento presupuestal para aumentar los alcances y potencial de los esquemas de pago por servicios ambientales, la institución no cuestiona las prioridades presupuestales que se planean desde las instancias respectivas (Secretaría de Hacienda y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”.

Manejo forestal que asegura servicios ambientales

Desde 2004, la comunidad de Santiago Comaltepec ha logrado que los proyectos que ha presentado para el programa de pago por servicios ambientales, sean aprobados. En la actualidad, reciben estos recursos para la conservación de 2000 hectáreas de bosque mesófilo, explica Alejo López, presidente del consejo de administración de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (UZACHI), organización a la que pertenece la comunidad.

La comunidad de Santiago Comaltepec no solo es pionera en recibir pago por servicios ambientales. También es una de las primeras en México que, a finales de los años setenta, comenzó una lucha para evitar que el gobierno continuara entregando concesiones de aprovechamiento forestal a empresas privadas.

Comaltepec, al igual que otras de la Sierra Norte de Oaxaca, logró recuperar el control de sus bosques, así como desarrollar un modelo que hoy se conoce como manejo forestal comunitario y que permite a los poblados obtener recursos del aprovechamiento sostenible los bosques.

Durante los primeros años del programa de pago por servicios ambientales, explica Salvador Anta, no era fácil que entraran comunidades que en sus bosques realizaran aprovechamiento forestal maderable, sobre todo porque se consideraba que estas poblaciones ya tenían ingresos económicos por mantener el bosque. Eso cambió.

Te puede interesar: Ecuador: la lucha para proteger a las orquídeas de la minería

En 2013, organizaciones como la CCMSS lograron que la Conafor considerara otorgar pago de servicios ambientales a comunidades que realizan manejo forestal, para fortalecer el manejo integral del territorio.

En el periodo de 2015 a 2020, este programa aprobó 498 proyectos presentados por ejidos y comunidades que tienen programa de manejo forestal maderable; de ellos 142 recibieron recursos a través del modelo de Fondos Concurrentes, de acuerdo con información proporcionada por Conafor.

Con una extensión de 18, 366 hectáreas, en el territorio de Santiago Comaltepec es posible encontrar una diversidad de climas, desde seco hasta templado y húmedo; tiene distintas áreas boscosas, entre ellas el bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla, uno de los ecosistemas prioritarios para la conservación biológica, por ser un refugio para muchas especies y, además, porque es uno de los que más se han perdido en el país, a causa de la deforestación.

Justo por la importancia que tiene el bosque mesófilo, la comunidad de Comaltepec no realiza actividades de aprovechamiento maderable en esta área; una zona que destina solo a la conservación.

Los pobladores de este lugar saben que el bosque es más que árboles y están convencidos de la necesidad de cuidar todo el ecosistema. Ahí se filtra el agua, se produce oxígeno, se captura bióxido de carbono del aire, se conserva la biodiversidad, se mitigan los impactos del cambio climático global.

“Comaltepec requiere de este apoyo —el pago por servicios ambientales— porque sigue cuidando el bosque y los recursos se destinan para un fin común, no se reparten (entre los ejidatarios), sino que se aplican para el beneficio social”, explica Alejo López, presidente del consejo de administración de UZACHI.

En la actualidad, la suma que se entrega a las comunidades que reciben pago por servicios ambientales es de 1000 pesos (44 dólares) por hectárea al año, en promedio, “pero hay estudios que indican que por todos los servicios ambientales ecosistémicos que el bosque proporciona se ha llegado a evaluar hasta los 4000 dólares, en el caso del bosque templado, en el caso de los manglares es mucho más”, explica el ingeniero Fernando Salazar, director técnico de la Unidad de Administración Forestal Santiago Papasquiaro, en el Estado de Durango.

Emilio Cruz, de la organización civil Reforestamos México, señala que una de las críticas que se le hacen a este tipo de programas es que son montos de dinero muy pequeños.

Beneficios ambientales y sociales

En Santiago Comaltepec, como en la mayoría de las comunidades y ejidos en donde se realiza manejo forestal, las decisiones se toman en asamblea.

Es así como en este poblado se ha determinado el uso que se le da al pago por servicios ambientales. Por ejemplo con estos recursos hicieron las cabañas para su proyecto de ecoturismo y crearon un comedor público, el cual se levantó donde antes había un basurero.

“Este programa no solamente es ambiental —explica Armonía Borrego— es social y económico. Posiblemente los fines ambientales no se han alcanzado o al menos no existe evidencia sólida de que se haya logrado una gran reducción en la deforestación, pero sí existen evidencias de que el capital social, la participación, la gobernanza, la inclusión de las mujeres, han aumentado”.

En los últimos 15 años, el ejido Potrero de Chaidez, localizado en la sierra de Tepehuanes de Durango, al norte de México, ha logrado que en tres ocasiones se aprueben sus proyectos para recibir el pago por servicios ambientales. Con esos recursos, la comunidad “ha pagado la energía eléctrica o comprado camionetas para la vigilancia contra la caza prohibida”, explica el ingeniero forestal Fernando Salazar, quien recalca que al menos 50 % del dinero debe invertirse en el bosque durante los cinco años del proyecto aprobado.

Lee también: El experimento de Guatemala que enseña cómo conservar un bosque

Con esos recursos, el ejido Potrero de Chaidez emplea a los lugareños para que realicen labores enfocadas a evitar incendios y conservación del bosque. “Si sobra algo de dinero de eso que nos comprometimos a hacer, se emplea para alguna mejora al rancho como pavimentos, drenajes o agua potable”, comparte desde la cabina telefónica del poblado José Luis García Martínez, presidente del comisariado de este ejido.

“Si este recurso terminara, sí afectaría a este ejido porque todos estos trabajos tendríamos que hacerlos sin pagos, habría menos obras”, afirma José Luis García, de 48 años.

Muchas de las comunidades que realizan aprovechamiento forestal, y que han recibido pago por servicios ambientales, “han desarrollado proyectos como instalación de viveros, programas de limpieza del bosque, establecimiento de estanques piscícolas… Son recursos que entran e impulsan la economía local”, resalta Salvador Anta.

Comunidades que realizan aprovechamiento forestal y organizaciones civiles han solicitado al gobierno federal “una ampliación del presupuesto que se destina a pago por servicios ambientales, así como mayor claridad de los lineamientos para elegir los proyectos”, indica Salvador Anta del CCMSS.

Mientras la incertidumbre sigue siendo la constante sobre el futuro del programa federal de pago por servicios ambientales, ejidatarios como José Luis o Alejo no dudan en invitar a que la gente conozca los bosques que sus comunidades conservan; bosques que permiten tener agua, oxígeno, captura de carbono y que son hábitat de cientos de especies de flora y fauna.

Fuente: Mongabay

Tec Review crece: estrena sitio en inglés y podcast. Sigue nuestros contenidos.  

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Ingrese su nombre