(Foto: Tec Review)

Ahora, será más común que te encuentres con la leyenda “hemos bloqueado tu video” y hasta tus memes podrían sufrir.

Cualquier contenido que compartas en internet como videos, textos, imágenes y archivos es susceptible de ser censurado.

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El video de tu mascota haciendo algo tierno, las clases de guitarra que estabas tomando…todo puede bloquearse gracias a las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal que entraron en vigor la semana pasada.

Cualquier persona puede alegar que el contenido que subiste a internet le pertenece. Por tanto, los proveedores de servicios en línea como YouTube y las distintas redes sociales pueden bloquear tu contenido.

Vladimir Cortés, del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, dice que se censura sin contar con pruebas. No se tiene que demostrar ante un juez que el contenido es violatorio de derechos de autor.

Lo que se está haciendo es censurar primero y averiguar después.

“Es una clara violación al derecho de libertad de expresión. También al debido proceso y a las garantías judiciales que tenemos constitucionalmente”, explica.

¿Por qué te afectan estos cambios?

Con estas modificaciones, una queja -fundada o no- podría traer multas de millones de pesos para quien sea denunciado.

Incluso, los medios de comunicación puede ser bajados de internet hasta por 15 días. Esto, mientras se aclara si hubo o no violaciones a los derechos de autor.

Roberto Garza Barbosa, investigador de Propiedad Intelectual y Derecho Internacional Privado en el Tec de Monterrey, coincide en que los contenidos pueden bajarse por notificaciones que son ajenas a los propietarios de los derechos de autor.

“Los requisitos son bien sencillos. Señalar el nombre del titular o representante legal, identificar el contenido de la infracción reclamada exactamente con la dirección. Luego, manifestar el interés y ya lo tienen que tumbar, no son tan formales”, dice el especialista.

Sin embargo, el sistema de contra-aviso, previsto en la misma ley, ayuda a que los usuarios mantengan sus contenidos públicos.

Respecto a la elaboración, aprobación y entrada en vigor de los cambios a la Ley Federal de Derechos de Autor, Garza hace anotaciones sobre el Título IV, Capítulo V.

“Revolvieron dos cosas en un capítulo. Hay una pobreza legislativa aquí. Un tema son las medidas técnicas de protección y la información sobre la gestión de derechos. Otra –muy diferente– es el tema de los proveedores de servicio de internet”.

Las organizaciones

Los señalamientos de las ONG y otros analistas de telecomunicaciones sobre la falta de discusión de estas modificaciones los han llevado a promover una acción de inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Aunque Estados Unidos tiene leyes estrictas para los derechos de autor y propiedad intelectual en cada tratado comercial que ha firmado desde la década de los 90, Garza señala que con estas modificaciones, esta ley es la más estricta del mundo.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) afirma que con los cambios se legaliza la censura en la web.

“Estas reformas aprobadas configuran el más grave retroceso legislativo para la libertad de expresión del que se tenga memoria”, advierte.

La R3D señala que las reformas también ponen en peligro de seis años de cárcel a las personas que “rompan candados digitales”.

Es decir, alguna restricción del fabricante de hardware o software para modificar la información de un dispositivo o programa.

“Estos candados (digitales) obstaculizan el derecho de las personas a reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar piezas o consumibles de marcas diferentes o estudiarlos para detectar sus vulnerabilidades”, explican.

¿Se pueden revertir estas medidas?

Las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor son parte de un compromiso que se realizó para el avance en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, su aprobación y entrada en vigor no dieron oportunidad al análisis de las medidas.

Como la figura de “Parlamento Abierto” que permitiría correcciones y mejoras, que toda ley debería tener.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dice que la batalla no está perdida.

“Seguramente vendrán acciones de inconstitucionalidad por parte de diversos actores que se ven afectados, como proveedores de internet”.

Una forma que la ciudadanía tiene de inconformarse en contra de las modificaciones es a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Estas organizaciones recomienda que para alzar la voz se interponga una queja a través de su sitio web. Otra alternativa para llegar a la CNDH es la plataforma desde R3D.

“Las personas pueden hacer esta petición para que la CNDH, en el marco sus facultades, pueda realizar esta acción de inconstitucionalidad. Esto para dejar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de modificar la ley”, señala Cortés.

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