Los investigadores Liz David-Barrett, de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, Mihaly Fazekas, de la Universidad de Europa Central, Hungría, desarrollaron la metodología Red Flags o banderas rojas para analizar con Big Data las contrataciones públicas.

En alianza con el Banco Mundial crearon el portal Procurement Integrity (ProAct) en el que hay 35 millones de contratos de países de prácticamente todo el mundo, México incluido. Ahí, pueden medir la transparencia y la “integridad” de la transacción. 

Ambos académicos reconocen que los gobiernos son altamente propensos a ser corruptos. Es una práctica sistémica, presente en casi todo el mundo. Te contamos más.

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Anatomía de la corrupción

Las contrataciones públicas de bienes, obras y servicios representan del 40% al 50% del gasto público en naciones de ingresos bajos y medios, mientras que los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el 30%.

¿En cuántos de esos contratos asignados hay actos de corrupción? No lo sabemos exactamente, pero investigaciones de principios de la década del 2000 estiman que entre el 10% y el 15% de ese gasto público se perdió en actos de corrupción. 

La corrupción es una forma de clientelismo, entendido como la asignación de recursos del Estado, por parte de una élite política, a empresarios a cambio de apoyo político o económico, explica David-Barrett en la conferencia “Riesgos de corrupción en compras públicas: Utilizando analíticas de Big Data para identificar patrones de riesgo en las Américas”.

Más allá de darle preferencia a una empresa en la asignación de contratos en licitaciones públicas, la corrupción se observa cuando un proyecto tiene sobreprecio, cuando se privatiza un bien o un recurso estratégico de la nación a precios muy bajos.

Otras modalidades de corrupción son cuando se asigna un puesto de trabajo a una persona sin que cubra con el perfil, las subvenciones, los favores, la entrega de todo tipo de recursos estatales a clientes a cambio de lealtad (los clientes los devuelven en forma de votos, donaciones o bienes).

La investigadora añade que “estas prácticas van en detrimento del desarrollo económico porque no existe un incentivo real para que las compañías sean competitivas. Los servicios son inseguros y de mala calidad porque las cosas que se están comprando no están en la mejor relación calidad-precio”. 

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Metodología ‘Red Flags’

Durante la quinta reunión Academia contra la Corrupción en las Américas, organizada por la profesora Bonnie Jo Palifka del Tec de Monterrey, el investigador Mihály Fazekas explicó los componentes de la metodología Red Flags.

Se requieren, en esencia, indicadores de riesgo de corrupción con base teórica, un paquete de software estadístico gratuito, datos de alta calidad, muy regulados y muy transparentes, y la participación de la sociedad civil que contribuye a procesar los datos.

“Y aún así siguen siendo vulnerables a un gran número de prejuicios distintos y a un gran número de manipulaciones deliberadas”, reconoce.

Una red flag sería, por ejemplo, cuando los proveedores están registrados en paraísos fiscales, lo que podría significar que ocultan quién es el verdadero propietario y que, tal vez, hay alguna conexión política entre el organismo contratante y el proveedor.

El objetivo final es crear portales de transparencia al que pueda acceder cualquier ciudadano, reguladores y organizaciones de la sociedad civil que quieran identificar riesgos de corrupción, exigir responsabilidades a los gobiernos o mejorar su eficiencia.

Menciona una iniciativa con la African Data Initiative, con la que realizaron hackatones de datos en Tanzania, Uganda y Ghana e involucraron a estudiantes del Sur de África pero también a personas de otros lugares como Londres. Después crearon portales de análisis de datos. 

Big Data en acción

Con el Banco Mundial, ambos académicos desarrollaron el portal Procurement Integrity (ProAct) en el que  hay 35 millones de contratos de países de prácticamente todo el mundo. Tiene cuatro elementos principales: proveedores, compradores, mercados y contratos.

De México hay un millón de contratos, información de 5,364 proveedores y compras desde el año 1973 hasta 2018.

Se puede analizar el riesgo de corrupción de cada país y comparar entre países porque se colocan los mismos indicadores en cada país.  También se pueden ver los riesgos de corrupción de cada proveedor o de cada comprador e incluso comparar la actuación de un actor entre países.

Liz Dávid-Barret observa que las presiones electorales pueden atraer altos riesgos de corrupción.  “El Banco Mundial comparó contratos un año antes y un año después de las elecciones en los países y las licitaciones con un solo participante se incrementaron antes de las elecciones”.

En los años 2003-04, la organización multinacional implementó una reforma para reducir los riesgos de corrupción como extender las auditorías a los licitadores (no solo a los ganadores de contratos), fomenta la competitividad e implementa la contratación electrónica.

Los resultados, sin embargo, fueron parcialmente positivos: la cuota de la licitación única cayó de 22 a 18%, pero los compradores cambiaron a procedimientos no competitivos (la cuota aumentó del siete al 10%).

Mihály Fazekas anota, por su parte, que aunque las licitaciones públicas estén altamente reguladas hay muchas formas en las que el proceso puede ser manipulado.

“Si quieres frenar realmente la corrupción necesitas buena calidad de datos, herramientas amigables para analizarlos y usuarios interesados en analizar datos”.

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