igualdad de oportunidades
Las mujeres aún enfrentan escenarios poco favorables en lo social, político y profesional debido a la falta de oportunidades reales, que vayan más allá del discurso. (Foto: iStock)

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha avanzado en el papel e incluso en el discurso empresarial, social y político, pero esto no ha ocurrido efectivamente en el día a día.

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¿Igualdad de oportunidades?

El Censo del año 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 51.2 % de los 126 millones de mexicanos contabilizados son mujeres y 48.8 % son hombres.

Aunque hombres y mujeres son iguales ante la ley; tienen el mismo derecho a votar y ser votados; derecho a la educación, salud, trabajo digno, entre otros; el ejercicio efectivo de estos derechos es desigual, y la razón es que persisten la discriminación y la desigualdad de género.

ONU Mujeres ha generado cifras que muestran que en los hechos el piso en México no es parejo y que la igualdad de oportunidades es todavía lejana.

Solo 45 % de las mujeres participa en el mercado laboral en comparación con 78 % de los hombres. Las mujeres perciben un salario 15.6 % inferior al de los hombres; mientras que ellas dedican 59 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, los hombres destinan 22 horas en promedio.

Igualdad de oportunidades en la política

Las mujeres mexicanas conquistaron el derecho al voto el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación en la que se estableció el derecho a votar y ser votadas en igualdad de condiciones.

Sin embargo, fue hasta las elecciones de 1955 que ejercieron dicho derecho. No obstante, aún quedaba un camino largo por recorrer pues aunque ya podían sufragar, sus derechos políticos eran de facto desiguales, pues no se les consideró como candidatas a gubernaturas ni como diputadas o senadoras.

Su participación ha sido marginal en la política con una falsa sensación de igualdad de oportunidades, mientras que las cosas comenzaron a cambiar hace muy poco tiempo.

La investigadora la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Gisela Zaremberg, recordó que fue hasta las reformas al Código de Procedimientos Electorales, en especial la de 2014, cuando se logró incluir la paridad de género como principio constitucional.

Paridad legislativa

Fue hasta 2019 que las mujeres lograron un escenario de igualdad de oportunidades en la esfera legislativa nacional.

La vuelta se logró en el Senado de la República, en donde 51 % de sus integrantes son mujeres, mientras que 49 % son hombres; mientras que en la Cámara de Diputados, 50.8 % son hombres y 49.2 % mujeres

“Yo creo que México es uno de los países de América Latina más avanzados en ese sentido. Estos logros no surgieron porque las cúpulas, normalmente masculinas de los partidos, hayan dicho ‘sí, queremos que las mujeres cumplan con su derecho a ser votadas’, destacó en entrevista con Tec Review.

“Fue una construcción de muchísimos años que tuvo que ver con el movimiento feminista y (con) la red de mujeres de derecha e izquierda que empujaron dicho consenso”, dijo la coordinadora de la maestría en Políticas Públicas y Género de FLACSO.

Sin embargo, persisten barreras invisibles que limitan la participación plena de las mujeres en la política, como ha documentado Karolina Mónika Gilas, integrante del Equipo de Investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Los partidos políticos siguen bloqueando a las mujeres y lo mismo está pasando en muchos congresos. No es lo mismo ser legisladora a ser presidenta de alguna comisión legislativa en donde se puede ejercer presión sobre las agendas. Las mujeres ocupan con frecuencia comisiones como igualdad de género, educación, adultos mayores, bienestar social. Y las estratégicas como hacienda, economía o seguridad nacional suelen ser reservadas para los varones”.

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Desigualdad y violencia

Lo más grave, de acuerdo con la doctora en Ciencias Sociales, es que cada vez son más frecuentes los reportes de mujeres que sufren violencia dentro de los congresos en los que participan como representantes.

Estas violencias van desde desestimar su trabajo, hasta ofensas directas y amenazas en su contra o de sus familiares; aspectos que impiden el libre ejercicio de sus funciones legislativas.

Participación mínima desde lo local

Por su parte, Gisela Zaremberg, integrante de la @Red de Polítólogas #NoSinMujeres, también ha registrado que la participación femenina en mecanismos de democracia participativa tales como consejos, comités o consultas, que son a nivel local son mínimos.

“Si se nace mujer, indígena o afrodescendiente, y pobre son menores las posibilidades”.

Este problema tambien está asociado con la desigualdad de la tenencia de la tierra y la falta de igualdad de condiciones, “es gravísimo”, añadió Zaremberg, pues 51 % de la tierra en México es de propiedad ejidal o comunal.

La propiedad de las mujeres sobre esta figura es bajísima e impacta en su participación en las asambleas ejidales, en las que la desigualdad con motivo de género es notoria, pues mientras los hombres logran acciones que se reconocen, las de las mujeres no cuentan.

Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apuntó en su participación TEDX: “La democracia sin mujeres no es democracia” en relación a la exigencia ciudadana sobre la necesidad de que los partidos políticos se democraticen.

Esto requiere cuatro acciones:

  • Democratizar los procesos de selección de candidaturas y exigir elecciones primarias paritarias;
  • Exigir que haya autoridades diversas y plurales que representen a toda la sociedad;
  • Dar presupuesto directo a las mujeres que participan en la política para que puedan hacer campañas;
  • Eliminar, visibilizar y erradicar la violencia política en razón de género. Esa violencia que se ejerce contra las mujeres solo por ser mujeres.

La intervención del Estado

Las reglas del juego deben cambiar para propiciar que crezca el número de profesionales, políticas, empresarias, emprendedoras y directoras y se generen escenarios en igualdad de oportunidades.

La estimación del valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en el hogar representa el 23.5 % del PIB del país, de acuerdo con el Inegi, otra cifra que se debe tener en cuenta.

“Necesitamos un Estado que realmente apoye a las familias en todo lo relacionado con el cuidado, no solo es con niños y bebés sino con personas enfermas, con discapacidad y adultos de la tercera edad. Es ahí cuando el Estado tiene que igualar oportunidades y nivelar las diferencias que pueda haber entre las personas”, destacó Karolina Mónika Gilas.

La experta citó como ejemplo a países escandinavos en donde los permisos de paternidad son iguales para mujeres y hombres. Ambos tienen 18 meses de licencia para el cuidado de un recién nacido. Son obligatorios los primeros 12 y el resto se puede distribuir en los primeros ocho años de vida del menor.

“Con esto, el costo ‘negativo’ de contratar a una mujer (que en su momento decidirá ser madre) también lo va a tener al contratar a un hombre en edad reproductiva”, apuntó en relación a la igualdad de oportunidades en el entorno laboral.

Mismo pago, mismo horario

En el área laboral, no basta con que se haya aprobado la Ley de Igualdad de Salarios entre hombres y mujeres el pasado 8 de marzo, que legisla el derecho a percibir la misma remuneración económica sin distinción de sexo, raza u orientación sexual y propiciar la igualdad de oportunidades; sino que las reglas tienen que ser parejas en todos los sentidos, como los horarios de entrada y salida.

“Si bien hombres y mujeres pueden tener una trayectoria profesional parecida, tanto en empresas como en la administración pública sucede que quienes se quedan más tiempo son ellos y por lo tanto a quienes se suele promover es a ellos. Las reglas tendrían que ser que ambos salgan a la misma hora del trabajo”.

Haría falta un sistema nacional de cuidados muy en serio respaldado con un presupuesto importante para tener acceso universal a guarderías, obligatoriedad de kínder, escuelas de tiempo completo, licencias de maternidad/paternidad, así como infraestructura y personal capacitado para atender a personas de la tercera edad y discapacitados.

“Se calcula que eso permitiría una activación muy importante de la economía en términos de generación de empleos y desarrollo económico. Solo el acceso universal a la guardería elevaría el PIB 5 %. No hay que pensarlo como un pozo sin fondo en donde se meterá dinero para que la gente viva mejor, también hay que reconocer que sería redituable”, destacó Gilas.