regular redes sociales en México
Uno de los principales temores es que se limite la libertad de expresión. (Foto: iStock)

El pasado lunes 8 de febrero, el senador Ricardo Monreal divulgó su propuesta de iniciativa para regular las redes sociales en México. Se trató de un documento de 52 cuartillas que buscaba reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al día siguiente, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, después de recibir críticas y cuestionamientos, convocó a la sociedad a informarse, participar y enviarle comentarios para enriquecerla. Esperará tres semanas para recabar todas las opiniones y presentar un nuevo proyecto.

El plazo está pronto a cumplirse. Son distintas las posturas y dudas que se tienen sobre el tema, comenzando por la sospecha de que se busca censurar cuentas o personajes incómodos, o bien, que el Estado quiere limitar la libertad de expresión de los usuarios.

Por ello, Tec Review consultó a expertos en el tema para responder nuestras dudas.

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¿Las redes sociales se pueden regular en México?

“De que se puede, se puede, eso es un hecho”, dice Ruben Vázquez Romero, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “si un gobierno decide limitar o controlar cualquier tipo de servicio informático, por supuesto que se puede”.

El investigador en comunicación y redes sociales dice que los alcances de estas posibles modificaciones son difíciles de vislumbrar, ya que están inmersos en derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Por ello, un debate sobre el tema no solo es necesario, sino urgente.

Lo primero que se debe tener claro es que la regulación de las redes sociales –por ejemplo, en Estados Unidos– ha sido controversial, por la manera en la que el artículo 230 de la Ley de Decencia en Telecomunicaciones de ese país da cierta inmunidad a los servicios de telecomunicaciones, respecto de lo que hacen los usuarios con las plataformas.

“En este artículo se define que las plataformas, como las redes sociales y muchas otras, en realidad no son responsables de los contenidos de sus usuarios, es decir, no son editores ni creadores, sino que simplemente son proveedores de un servicio”, explica el experto.

Y si bien es cierto que el Parlamento Europeo, Estados Unidos y otras naciones han apostado por regular estas plataformas, la realidad es que no ha sido tarea fácil.

En los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, el tema volvió a ocupar un espacio en la agenda pública, cuando se señaló que el artículo 230 de la Ley de Decencia tiene un vacío.

“(Trump) cuestionó que, si las redes sociales se definían a sí mismas como plataformas de telecomunicaciones y no como editores, entonces ¿por qué etiquetaban sus contenidos como potencialmente falsos? o ¿por qué lo censuraban y le bajaban contenidos a él o a algunos de sus seguidores?”, recuerda Vázquez Romero.

¿Qué significa esto?, pues que efectivamente están editando las publicaciones y –por eso– no pueden ser solamente tratados como una empresa que solo ofrece un servicio…también ofrecen contenidos.

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Turquía, un ejemplo cuestionado

La discusión sobre la regulación de las redes sociales no es nueva. En distintos países se ha discutido y se han logrado leyes al respecto, por ejemplo, Turquía.

En julio de 2020, el Parlamento turco aprobó una ley que endurece el control del gobierno sobre las redes sociales.

Entre otras cosas, la legislación aprobada exige a las plataformas que sus servidores estén físicamente en territorio turco.

También, es necesario que todas aquellas empresas que quieran tener presencia en el país euroasiático deben tener un representante de nacionalidad turca. Y un tercer elemento –el que mayor preocupación genera– que los servidores deben estar a disposición del gobierno turco.

“Esto es extremo; porque básicamente el gobierno turco va a decidir que sí y que no se puede expresar y eso es justo una de las cosas que no podríamos permitir”, advierte el investigador Vázquez.

Así, entonces, al debatir sobre la regulación de las redes sociales, uno de los puntos que no se deben perder de vista es que hacerlo abriría la puerta para que hubiera censura, de cualquier tipo, porque las legislaciones vigentes se podrían tergiversar o modificar a modo de que cualquier contenido incómodo pudiera desaparecer.

Otra cosa que no se puede dejar de lado es que, bajo la bandera de que las redes sociales solo son proveedoras de un servicio de telecomunicación, las plataformas se han “lavado las manos” argumentando que ellos dejan que sus usuarios publiquen lo que quieran, una afirmación que no es del todo cierta, porque ellos mismos han bajado contenidos más allá de los mensajes de odio y demás reglas comunitarias que se han adoptado.

“Esto lo que nos hace pensar que tampoco las redes sociales deberían decidir quien sí y quien no puede publicar, porque si bien es un empresa privada, también es cierto que es un espacio que se ha convertido en un elemento fundamental para la democracia”, subraya el investigador.

“Son muy importantes este tipo de espacios públicos digitales que, si bien tienen un dueño, tienen un bien mayor que es la discusión pública; el derecho al acceso de información, la libertad de expresión. Las redes sociales tienen un compromiso social que no han querido aceptar”.

Entonces, ¿quién puede ser el árbitro?

Si no se debe permitir que el Estado decida que se puede y que no se puede publicar en las redes sociales, pero tampoco deben ser las plataformas, ¿qué se puede hacer?

“Lo que se tendría que hacer es lo que llamamos una ‘metaregulación’, es decir, una regulación para crear regulaciones”, considera Vázquez Romero.

Esto significa tener un piso mínimo de derechos fundamentales de los usuarios de las redes sociales, que permitiera a las naciones y a las propias plataformas crear sus normas comunitarias.

“Así, más que regular contenidos, lo que se tendrían son derechos digitales fundamentales, algo que debería ser supranacional, es decir, que no le correspondiera a un solo Estado”, agrega el académico.

Entrevistado por separado, Axel González Ortiz, profesor de derecho constitucional de la UNAM, coincide en que –más que impulsar una regulación para un país– lo primero en que se debe apostar es a lograr este mínimo de derechos digitales fundamentales.

Sin embargo, agrega, que debería haber una regulación para castigar cuando estos derechos son vulnerados.

“El Estado puede reconocer determinados derechos digitales, irremediablemente, cuando son violados, el camino a seguir sería acudir jurisdiccional o administrativamente ante una institución del Estado para que me pueda restituir ese derecho vulnerado. Es decir, no basta solamente con el catálogo de derechos, sino que también se necesitaría cierta protección estatal (…) sé que genera mucha controversia o polémica, pero sí tendría que haber cierta regulación y sanción”, explica el docente.

Derecho a obtener información libre y no coaccionada por terceros, a no recibir noticias falsas, a expresarse libremente dentro de los parámetros que se creen y que excluyan mensajes de odio, amenazas, etcétera;, podrían ser algunos de los derechos digitales fundamentales que darían pie –ahora sí– a una regulación de las redes sociales en cada nación.

“No se puede legislar el mundo digital solo pensando en lo local, por eso debe ser (una tarea) supranacional”, insiste Vázquez Romero.

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Fraudes y otros riesgos

Cuando se habla de regular las redes sociales, uno de los primeros temas que preocupan es el temor existente –y fundamentado– de que el poder político pretende censurar y controlar los contenidos que hay en el ciberespacio, dice González Ortiz, pero también que su libertad de expresión se puede ver restringida, vulnerada y violentada por empresas particulares en aras de beneficiar sus políticas de publicidad.

Sin embargo, el académico pide que no se pierda de vista otro tipo de conductas para las cuales el derecho, en general, no está listo, por ejemplo, los fraudes cibernéticos.

“La libertad de expresión aquí es una, pero también los delitos que se pueden cometer en el ciberespacio son otros, y en donde hay lagunas en la mayoría de las legislaciones de los países. El derecho no sabe cómo actuar ante conductas delictivas que se pueden cometer en el ciberespacio y en las redes sociales”.

Los expertos recomiendan un debate serio e informado, además de no limitarse a Twitter y Facebook.

Un primer paso podría ser que México se adhiriera al Foro sobre Información y Democracia, organización con sede en Europa y en donde colaboran alrededor de 40 países, quienes están preocupados por lo que sucede en las redes sociales, específicamente por la llamada infodemia y las fake news.

“Es muy interesante que México no esté (en esta organización) y yo creo que tiene que ver con cierto desconocimiento y polarización en la forma de trabajar las redes sociales, porque todo mundo se queja, sobre todo la clase política, principalmente por Twitter, que en México es una plataforma poco utilizada, salvo por ellos”, dice el catedrático de la UNAM, Rubén Vázquez Romero.

En el país, Twitter es la red social que menos se usa al registrar unos 9.4 millones de usuarios contra los 84 millones que tiene Facebook, por ejemplo.

Además, debe de ser una discusión en donde prevalezca el parlamento abierto en el que se nutran de distintas ideas y posicionamientos. No hacerlo, advierten, podría traer como resultado una legislación extrema como la aprobada en Turquía.

“Lo importante es hacerlo, estoy seguro de que en un futuro vamos a llegar a un acuerdo entre naciones para tener un catálogo mínimo de derechos digitales. Irremediablemente así será y yo creo que sería, incluso, la mejor salida”, concluye González Ortiz.

ABC de la propuesta de iniciativa de Ricardo Monreal

 

  • Reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de establecer las bases y los principios generales de la protección a la libertad de expresión en las redes sociales
  • Dotar la Instituto Federal de Telecomunicaciones de las atribuciones necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio
  • Establecer límites claros a los propietarios de las de las redes sociales respecto a la suspensión y eliminación de cuentas
  • Define redes sociales como:

“El servicio ofrecido a través de Internet cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por sus propios usuarios como texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de las anteriores, con la finalidad de informar, entretener o educar. Esta definición, tiene como finalidad identificar la actividad en específico que requiere ser regulada”

  • También incluye la definición de “redes sociales levantes”:

“Aquellas que cuentan con un millón o más suscriptores o usuarios, motivo por el cual ese tipo de red social es capaz de generar un impacto mayor en procesos de comunicación social y en la esfera jurídica de los ciudadanos”

  • Se crea la figura de Autorizaciones para los servicios de redes sociales
  • Se establece diversos requisitos que deberán incluir los términos y condiciones de servicio que deberán expedir los autorizados. Deberán incluir un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de cuentas o perfiles, así los requisitos de procedencia de éstos, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana
  • Establecen las bases generales del procedimiento abreviado por el cual el Instituto atenderá las quejas presentadas por los usuarios que no obtengan una resolución por parte de la red social, o bien, que esta no les sea favorable
  • En primer momento deja la posibilidad de que sean los propietarios de redes sociales junto con sus usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos
  • Sanciones que van de 1 Unidad de Medida de Actualizacion (UMA) hasta 100 UMAs dependiendo de la gravedad de la violación al derecho humano de libertad de expresión