María Elena Álvarez-Buylla, directora general del CONACyT, aseguró que se hará más eficiente el gasto con la desaparición de esta figura. (Foto: Cortesía Presidencia)

El tiempo mete presión al gobierno y al Congreso para la definición de los ingresos y gastos para 2021.

La propuesta de Paquete Económico fue entregada por la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre —fecha límite establecida en la legislación—, y en ella no se contemplaron los recursos extra estimados en 68,400 millones de pesos que el Ejecutivo quiere utilizar, tras lograr una reforma para la eliminación de 109 fondos y fideicomisos públicos.

A menos de un mes de que el Paquete Económico deba quedar completamente aprobado en el Legislativo, el hecho de que esos fondos no estuvieran previamente contemplados complica la forma en la que podrían ser usados para el próximo año, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que serán destinados para fines como la compra de vacunas y para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Más aún, durante las últimas semanas el mandatario no solo ha dicho que ese dinero será dedicado al sector salud, sino que tanto él como su gabinete y los legisladores de Morena han asegurado que los beneficiarios de apoyos financiados por fideicomisos —investigadores, víctimas de la violencia y artistas, entre otros— no se quedarán con las manos vacías.

Caminos difusos

Sin embargo, expertas en finanzas públicas consultadas por Expansión Política señalaron que ni siquiera está clara la vía en la que ahora serán transferidos esos recursos: si sería por la vía del presupuesto y que cada dependencia asuma obligaciones de cada fideicomiso, o bien, por medio de nuevos programas.

De acuerdo con la propuesta de Paquete Económico que presentó el Ejecutivo, en 2021 se espera obtener ingresos totales por 5.54 billones de pesos, 3 % menos en términos reales respecto de 2020, mientras que se contemplan gastos por 6.25 billones de pesos.

La Ley de Ingresos (LIF) debe quedar aprobada por diputados y senadores a más tardar el 31 de octubre, en tanto que el Presupuesto de Egresos (PEF) debe ser avalado por los diputados a más tardar el 15 de noviembre.

Con base en esos plazos, las expertas advierten que esto deja muy poco espacio para que se aprovechen para el próximo año los recursos producto de la extinción de los fideicomisos, considerando también que el proceso de desaparición de estos mecanismos comenzará hasta que la reforma correspondiente se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Voces preocupadas

Haydeé Pérez, directora de la organización civil Fundar, advirtió que no está claro cómo se está pensando hacer la transferencia de fondos una vez que se desaparezcan los fideicomisos, ya que cada uno tiene sus propios lineamientos y es probable que algunos no tengan permitido hacer transferencias a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Por ello, se prevé que la eliminación de estos mecanismos implique un largo y complicado camino, que probablemente dé pie a demandas judiciales.

En ese contexto, Pérez planteó algunos escenarios y sus dificultades. En el caso de que se decidiera que los recursos de los fideicomisos se asignen a programas presupuestarios ya existentes, los tiempos para hacerlo son limitados porque solo quedan pocas semanas para que se aprueben la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

“Reorientar los recursos de los fideicomisos a programas presupuestarios en tan poco tiempo es delicado, porque requiere de un trabajo más minucioso, detallado y puntual, que realmente lo debe hacer la Secretaría de Hacienda, no legisladores”, señala.

De acuerdo con Ana Laura Barrón, investigadora de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, en el Paquete Económico para 2021 ya tendrían que haberse contemplado estos recursos, si es que se iban a integrar al presupuesto de dependencias y entidades para de ahí otorgarlos a los beneficiarios de los apoyos.

“¿Cómo vas a mandar el dinero al presupuesto, por lo menos al del 2021, si las previsiones de gasto ya están en revisión, como parte del proceso de aprobación del presupuesto?”, cuestionó Barrón.

La investigadora consideró que, para aprovechar los recursos en cuestión, tendría que haber una reestructura del ejercicio del gasto, porque así esos fondos estarían contemplados como parte del presupuesto que van a ejercer las propias dependencias y entidades. Esto conlleva elaborar nuevos programas, a través de los cuales otorgar los apoyos.

Por ejemplo, en el caso de que la Secretaría de Gobernación (Segob) absorba las obligaciones de los fondos para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas y del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), tendría que tener más presupuesto.

Sin embargo, en la propuesta presupuestal se proyectó una disminución de 1.5 % para la dependencia respecto de lo aprobado para este año, al pasar de 5,891.5 millones de pesos a 5,800.2 millones de pesos estimados para 2021.

La directora de Fundar señaló que el Paquete Económico no contempla estos recursos, y si bien otra vía para asignarlos sería la creación de nuevos programas, esto no es sencillo porque el proceso de programación tiene sus propios tiempos e incluso finalizó desde junio. “Si esta fuera la vía, la creación de nuevos programas, podrían implementarse hasta 2022”, afirmó.

Por otro lado, Pérez explicó que, si los recursos de los fideicomisos se quieren reubicar en programas ya establecidos, necesariamente se tendrían que modificar las reglas de operación de los programas, y ajustar lineamientos y normas para que se defina con claridad cómo van a llegar esos fondos a los beneficiarios.

Una opción más es que los recursos ‘bajen’ a través de transferencias directas a través de programas sociales, pero de igual manera no se tendría la garantía de que el dinero otorgado está siendo utilizado para los fines que mandataban los fideicomisos, advirtió.

“Son escenarios posibles, pero todos son escenarios complejos y complicados. No tenemos claro cuál va a ser la vía que va a elegir el Poder Ejecutivo para implementar esta decisión”, dijo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, de Morena, argumentó que los legisladores desconocen el alcance de los recursos de los fideicomisos que puedan ser utilizados, ya que eso le corresponderá definirlo al gobierno federal.

“Esa es la pregunta de los 68,000 millones. La verdad es que a nosotros nos toca la parte del marco jurídico, de darle la orientación en el marco legal a los recursos que pasarán a disposición de la Secretaría de Hacienda”, dijo en entrevista.

El legislador morenisa señaló que Hacienda será la que determinará, durante el proceso de extinción de los fideicomisos, cuántas obligaciones tenía cada uno y cómo se acomodarán. Será hasta entonces que la dependencia a cargo del secretario Arturo Herrera tendrá los números reales sobre la bolsa producto de la eliminación de estos instrumentos financieros. (Ariadna Ortega / Expansión Política)